Separatismo y enseñanza III:
Apunte de reforma en España

   

    Una vez frenada la actual deriva totalitaria en una parte importante de las administraciones autonómicas se iniciaría un proceso de ajustes de las libertades de enseñanza al objeto de favorecer un factor clave de la calidad cual es la libre concurrencia. .

    Los centros escolares tendrán gran autonomía organizativa y curricular para desarrollar idearios, métodos y técnicas, relación con las familias, disciplina, estilo docente, tutorías, calendario y horarios, etc.

    Los padres son titulares primeros de la obligación y el deber de educar. Por eso es fundamental que que las familias encuentren en la libre oferta opciones escolares con las que sintonicen. En este marco los nacionalistas no tendrán posibilidad alguna de imponer inmersiones lingüísticas o manipular a los alumnos conforme a proyectos de destrucción de la nación.

    La protagonista de la gestión sería la sociedad civil que en un país desarrollado, si se la deja, tiene el suficiente vigor para hacerse cargo de la gestión de centros y proporcionar formación de calidad a las nuevas generaciones de españoles.

    En aquellas regiones , como Cataluña y País Vasco, donde el sistema educativo español ha sido destruido , las competencias educativas deben ser recuperadas de forma inmediata por el gobierno central . En otras zonas, inmersas en la vorágine antiespañola, como Baleares, Galicia y Valencia se las debe reconducir y en su caso retirarles sus atribuciones educativas.

     Un segundo paso a considerar sería retirar a todas las comunidades autónomas las competencias sobre legislación escolar. Realizarían labores de gestión únicamente a asuntos referidos a personal docente funcionario y la coordinación o gestión de los centros, mal llamados, “públicos”.

    Los centros privados concertados y no concertados no tendrían relación con las administraciones autonómicas. Su interlocutor a efectos de planes de estudios y homologación de títulos y normas generales sería el gobierno de España u otros organismos como el Consejo de Estado y Reales Academias.

    No se puede admitir que los profesores sirvan a los intereses y objetivos destructivos de dirigentes políticos que pretenden imponernos un sistema escolar más propio de regímenes totalitarios que el que corresponde a una sociedad avanzada dotada de una democracia liberal.

     Los centros de titularidad de la sociedad civil, concertados y no concertados no tendrían ninguna vinculación con las CCAA Cumplirían la legislación, no invasiva y respetuosa con la autonomía de los centros, a través una Ley General promulgada por las Cortes que desarrolle el gobierno. Los titulares tendrían amplia autonomía para desarrollar su proyecto educativo , la programación y la docencia propiamente dicha basada en su ideario respetuoso con las declaraciones internacionales de derechos humanos suscritas por España.

    No hay que confundir la Ley con reglamentos o prescripciones totalitarias. La LEY debe ser muy general limitándose a establecer la estructura, contenidos y requisitos mínimos de titulación. La actual furia legislativa y reglamentaria de los organismos públicos, como es el MEC y las Consejerías de Educación hacen imposible que el Estado de Derecho se respete en las instituciones educativas. A esto se refería D. Manuel Pizarro en su reciente discurso en la apertura del curso 2017/2018 de las diez Academias Reales. Advirtió sobre “el desmedido incremento de las normas legales”. En efecto la masiva reglamentación educativa destruye la eficiencia, los principios morales de raíz judeo cristiana y el imperio de la Ley. Este riesgo totalitario de activismo legislativo de los políticos también fue abordado por el liberal italiano Bruno Leoni para quien los gobiernos entrometidos en la vida y bienes de los ciudadanos son un azote constante que destruye los derechos fundamentales.

    Por eso una “ Ley de Ordenación Educativa” requiere ser general, de amplio consenso con garantía de permanencia y aprobada por una mayoría cualificada con el voto favorable de los tres cuartos de las Cortes.

    Coincido, por lo expuesto hasta aquí con el sabio español D. Amando de Miguel(LD 2016-07-23) en que no deben de proliferar Leyes ni reglamentos educativos detallados .Con una norma de requisitos mínimos de los planes de estudios sería suficiente. El resto estaría a cargo de los centros docentes y agencias de la sociedad civil. En el siglo XXI no es conveniente el Estado invasor (Estado Monstruo-“Minotauro” según Bertrand de Jouvenel) ni los partidos políticos estorbando. Lo que demandan las sociedades dinámicas es seguridad, libre competencia y economía eficaz. Tiene razón D. Amando cuando escribe que “es sano que haya competición entre los centros escolares”. Lo que no veo conveniente es su propuesta para que los actuales ayuntamientos se hagan cargo de la enseñanza.

    Se procedería a una reforma en profundidad de la dependencia y funciones de la Inspección educativa. Desaparecerían las inspecciones actuales autonómicas inoperantes y al servicio de los nacionalismos y del socialismo.

    Se crearía una Inspección de Estado dependiente de un consejo de personalidades destacadas en lo académico, nombradas por las Reales Academias y Colegios Profesionales y las Cortes. Se trataría de evitar la actual intromisión de partidos políticos y sindicatos.

    Los funcionarios actuales de los Cuerpos de Inspección se integrarían en este Servicio del Estado previo compromiso a respetar la unidad de España y la Constitución.

    Se establecería nuevos perfiles de los Inspectores y se accedería a este Cuerpo de funcionarios por rigurosa oposición celebrada en Madrid. La sede de trabajo de los Inspectores sería la capital de España y su ámbito geográfico comprendería todo el territorio nacional.

    Su función prioritaria sería el control de la legalidad general emanada de la CE para asegurar la enseñanza de los contenidos fundamentales necesarios para la pervivencia de la nación española , el estado de derecho y las libertades.

    Silvino Lantero

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